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Sunday 17 November 2019
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Referendo Constitucional: garantías jurisdiccionales ante la propiedad estatal y privada

El proyecto de Constitución de la República de Cuba, en el capítulo sexto referido a las Garantías jurisdiccionales de los derechos en su ARTÍCULO 94 expresa: “La persona a la que se le vulneren sus derechos y sufriere daño o perjuicio por órganos del Estado, sus directivos, funcionarios y empleados, con motivo de la acción u omisión indebida de sus funciones, tiene derecho a reclamar, ante los tribunales, la
restitución de los derechos y obtener, de conformidad con la ley, la correspondiente reparación o indemnización. La ley establece la pertinencia y el procedimiento preferente, expedito y concentrado para su cumplimiento”. Fin de la cita.

Este postulado de nueva incorporación, como señala Rubén Remigio Ferro, presidente del Tribunal Supremo Popular, en su trabajo Proyecto de Constitución: previsiones sobre la función judicial publicado en granma.cu, protege a la población, sin lugar a dudas, sin embargo, considero que se dirige solo a daños provocados por el Estado y sus estructuras.

En mi opinión, y coincido con otros ciudadanos, debe incorporarse también a las entidades privadas. Y me refiero, tanto a las formas cooperativas como a las cuentapropistas y llego hasta la inversión extranjera.

En la actualidad la población confía muchas faenas a esas modalidades y no todas alcanzan la calidad requerida en su labor. Incluso el propio Estado ha contratado a esas fuerzas y después los resultados son incompletos y deficientes, como ocurre en tareas constructivas, cuando cobran grandes sumas y a los pocos meses comienzan a gotear los techos, se cae la pintura y el repello, se salen las tuberías, se dispara el “catao” por falta de acomodo de carga, o lo peor, se incumplen los cronogramas y aquí no pasa nada.

Son ejemplos sencillos, pero cotidianos, que se extienden también a otras esferas laborales y están ahí, sin saber a quién reclamarle lo mal hecho, porque para colmo los acuerdos contractuales carecen de estimación lícita. Creo que existe organización suficiente desde el punto de vista judicial para llevar a efecto estos reclamos por vía de las leyes.

Es posible que a la carrera de Licenciatura en Derecho y a otras modalidades notariales haya que incrementarle la matrícula, pero,  si queremos orden y cumplir con los derechos ciudadanos, la ley debe contemplar a todas las entidades que figuran en la Constitución.




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