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Tuesday 12 November 2019
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Turquía camina al borde de la pena de muerte

Durante los últimos dos años el tema de la pena de muerte ha resultado recurrente dentro de la agenda gubernamental turca y ha suscitado tensiones en las relaciones diplomáticas de esta nación mediterránea, fundamentalmente con los países miembros de la Unión Europea (UE).

Tras más de tres décadas sin sentenciar a ninguno de sus ciudadanos a muerte, Turquía abolió de manera legal la pena máxima en el 2004, con el objetivo de agilizar los trámites de alianza e integración al bloque occidental y formar parte de la UE.

El gobierno de Recep Tayyip Erdogan no se conformó con ello y en los años siguientes llegó a acusar las posturas neutrales de los países del viejo continente, respecto a la cuestión.

“Occidente está aboliendo la pena de muerte, pero, mientras, ve cómo se producen varias condenas a muerte en Egipto y no hacen nada al respecto”, expresó Erdogan en el año 2015.

La postura de Turquía sobre la pena capital dio un giro de 180 grados cuando el actual mandatario sufrió el intento infructuoso de un golpe de estado, el 15 de julio de 2016.

Apenas logró poner pie en tierras nacionales, el presidente comenzó a dar muestras de su cambio de actitud al añadir en un comunicado público que la acción partía como “fruto de una traición. Los responsables del levantamiento pagarán un precio muy alto”.

Pocos meses más tarde, Erdogan le informaba al mundo que su nación consideraría la idea de reactivar la pena de muerte como sanción judicial. La reacción internacional no se hizo esperar y pronto aparecieron en el tablero político las amenazas por parte de Occidente de frenar el proceso de integración de Turquía a la UE.

Voces como la del ministro de Relaciones Exteriores y vicepresidente belga, Didier Reynders, resonaron entonces en la palestra pública al anunciar que esta postura de Ankara era “una línea roja tanto para Bélgica, como para la Unión Europea […] significará el fin de la perspectiva europea de Turquía”.

Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, también se manifestó fuertemente al respecto y argumentó que quienes habían infringido la ley no podrían recibir la fatal sentencia. Su punto encontró fundamento en el propio corpus legal turco, que prohíbe la retroactividad y, por lo tanto, limita a los tribunales a sancionar solo con las herramientas establecidas en el momento del delito.

El debate en torno al tema se manifestó de forma amplia durante todo el 2017 y parte del 2018. En un punto, la cuestión pareció dormida, pero nuevos sucesos internos volvieron a levantar polvo. Durante los meses de verano del presente año se notificó la desaparición de tres infantes y se halló, además, los cuerpos sin vida de Eylul Yaglikara y Leyla Aydemir, de ocho y cuatro años, respectivamente.

Los cadáveres de las niñas turcas mostraban signos de agresión sexual, hecho que revivió el debate sobre la pena de muerte, en esta ocasión para los responsables en actos de lesa humanidad como el reseñado. La reacción no vino solo de parte del gobierno, un grupo de personas salió a las calles de Estambul exigiendo a los altos dirigentes de la nación la mayor de las penas para los imputados. Bekir Bozdag, viceprimer ministro turco, prometió “pasos decididos” y dio fe de que los culpables recibirían, como mínimo, la medida de castración por métodos químicos.

Las relaciones de Turquía con la UE han arribado a tal grado de tirantez que el canciller de ese país, Mevlut Cavusoglu, ha declarado públicamente la hipocresía y doble moral de los portavoces del grupo occidental.

Las nuevas alianzas económicas y militares de los turcos con naciones como Rusia, Siria e Irán, los 14 años transcurridos tras la derogación de la pena de muerte sin alcanzar el resultado esperado y la pérdida de confianza de Erdogan en sus principales socios luego del intento golpista, resultan elementos que se conjugan para inmunizar a Turquía de la coerción europea.

Un nuevo incidente, lo suficientemente fuerte como para remover las sensibilidades del estado o de la población, podría hacer que las palabras del presidente se conviertan en algo más que eso y sean entonces, en el mundo, 59 los países que cobren, por un delito, la vida.



Estudiante de Periodismo


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