Este trabajador llamó a ser eficientes como una buena manera de combatir los impactos de la genocida Ley Helms-Burton.
Trabajadores de la Empresa de Construcción y Montaje (ECM), de la ciudad de Matanzas, repudiaron el carácter extraterritorial de la Ley Helms-Burton y la activación de su título III, “documento garrote con el cual no nos entendemos”, expresaron en alusión al instrumento jurídico estadounidense que recrudece el bloqueo comercial y financiero en contra de Cuba.
En presencia de los secretarios generales de las 36 secciones sindicales, de directivos de la ECM y de sus nueve unidades empresariales de base (UEB), así como también de un grupo de empleados, se explicó el perjudicial alcance de la denominada Ley para la Libertad y la Solidaridad Democrática Cubanas, puesta en vigor el 12 de marzo de 1996 por el gobierno de los Estados Unidos.
Varias voces como la de Ivette Martínez Díaz se alzaron para denunciar “esta intromisión en nuestros asuntos internos. Quién le dijo al presidente Trump que pueden imponernos sus leyes. No tienen ese ni ningún otro derecho para hacerlo… Nuestros problemas debemos resolverlos nosotros mismos”, sentenció la Licenciada en Sicología y especialista de cuadro de esa entidad.
Rodolfo Ortega Villalonga, jurídico de la ECM, consideró que “ningún país del mundo puede permitir que otra nación le imponga sus leyes, porque sería algo absurdo, irracional y violatorio de todas las convenciones de la Organización de Naciones Unidas, del tratado de Derecho Internacional. Es algo que nadie puede entender, solo el gobierno de los Estados Unidos, que se cree el dueño del mundo, pero nosotros, no nos vamos a entender con ellos, porque a nuestra Patria hay que respetarla.”
Ortega Villalonga afirmó que ningún matancero aceptará perder lo concedido por la Revolución: “Vivo en un terreno de personas que se fueron del país, en el centro de la ciudad, como sucede con otros habitantes de los repartos de Versalles o del Naranjal Norte, y nadie vendrá aquí a quitarnos lo nuestro. Que ni lo sueñen”.
Anabel Milián Veguería, secretaria del Buró Extraterritorial de la ECM de Matanzas, manifestó que el efectuado en la mañana de hoy constituye el matutino piloto de varios que acontecerán en esta empresa, a petición de la Central de Trabajadores de Cuba y del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Construcción.
“Tal y como ha sucedido en este colectivo, seguiremos denunciando el daño terrible que la Ley entraña para nuestro sector, básicamente por la afectación que ello puede suponer para la entrada de suministros a nuestras obras”, afirmó.
Explicó que “desarrollarán hasta el mes de junio una jornada de reflexión, de enfrentamiento, de cuánto podemos hacer para mitigar los efectos reales que la Ley pudiera tener en un sector tan estratégico para el país como el de las construcciones.
“No nos quedaremos cruzados de brazos y de eso están conscientes los mil 600 trabajadores de una empresa con el compromiso de denunciar este nuevo endurecimiento del bloqueo, estadounidenses. Como en otras ocasiones, estamos seguros que saldremos victoriosos”, sentenció.
Ubicado en la calzada de San Luis, en la urbe matancera, el edificio que alberga la sede de la ECM fue inaugurado por el dictador Fulgencio Batista en el año 1954, pero no aparece en la relación de centros nacionalizados al principio del triunfo de la Revolución de enero de 1959.
La Ley Helms-Burton fue concebida con el marcado propósito de internacionalizar y codificar las leyes del bloqueo, intimidad y desestimular la inversión extranjera directa y el comercio internacional, promover la subversión del orden interno y derrocar al gobierno de la Isla.
En sus letras, el título III dice: “Protección de los derechos de propiedad de los nacionales estadounidenses”. Activado por el presidente Trump a partir del 2 de mayo de 2019, permite a los nacionales entablar procesos judiciales en las cortes de los Estados Unidos contra toda persona o entidad extranjera que “trafique” con propiedades norteamericanas nacionalizadas por la Revolución Cubana después del primero de enero de 1959.
Desde la misma fecha de aprobación de la Ley en, todos los presidentes de los Estados Unidos, incluido Trump en el 2017 y 2018, habían suspendido cada seis meses las acciones legales concebidas por el Título III.
Diversos entendidos coinciden en que el documento constituye un reconocimiento al carácter violatorio del Derecho Internacional y a la soberanía de otros estados, al tiempo que admiten que esas acciones legales provocarían obstáculos insuperables para cualquier perspectiva de solución de las reclamaciones y compensaciones mutuas pendientes entre los gobiernos de los Estados Unidos.
Los participantes aludieron a otros perjuicios de la Hems-Burton, entre los que destacaron daños a la economía, debido a un innegable impacto sobre la inversión extranjera, el turismo, a los trabajadores por cuenta propia, y sectores de la producción y de los servicios vinculados a las anteriores esferas.
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“Nadie tiene que imponernos ley alguna”, aseguró durante su exposición Ivette Martínez Díaz.
