Acciones de control de la ONAT detectan ilegalidades en Matanzas
Un total de 176 acciones de control intensivo ha desarrollado la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) a personas naturales, entidades estatales e ilegales, con el objetivo de validar la correspondencia entre ingresos percibidos por el ejercicio de su actividad y aportes al presupuesto del Estado.
Entre las deficiencias detectadas se encuentran el aporte de los contribuyentes por debajo de los ingresos percibidos, trabajadores ejerciendo de manera ilegal sin la licencia y registros de ingresos y gastos desactualizados, así como no disponer o no actualizar libros contables, registros, comprobantes, declaraciones juradas, recibos de pagos y facturas.
“De igual forma se identificó que en algunos casos no se ajusta la contabilidad y el registro de las operaciones a las normas contables y de valoración de activos, pasivos y demás disposiciones legales tributarias, de modo que impiden y obstaculizan su fiscalización”, explicó Yenli Ortega Salgueiro, directora provincial de la ONAT.
Como resultado de estas acciones se han determinado en la provincia más de 19 millones de pesos y se notificaron 84 regulaciones migratorias para la salida del país y aviso de entrada a contribuyentes con deuda.
Aclara Ortega Salgueiro que “se han realizado a nivel provincial 1 540 embargos de cuentas bancarias. Las principales causas que originaron la aplicación de estas medidas están relacionadas con incumplimientos de pagos, no presentación de la declaración jurada tanto del Impuesto sobre Ingresos Personales como el impuesto sobre Utilidades e incumplimiento de los deberes formales”.
La ONAT tiene dentro de sus funciones la realización de acciones de control a trabajadores por cuenta propia, mipymes y entidades estatales para garantizar el aporte correcto de sus obligaciones fiscales y evitar subdeclaraciones de ingresos.
De esta forma se garantiza la captación de recursos que van al presupuesto del Estado y se destinan luego a financiar el acceso gratuito a los servicios públicos de salud, educación, formación deportiva y cultural, así como la Seguridad y Asistencias Sociales, entre otros beneficios concebidos como derechos constitucionales.
. Jessica Acevedo Alfonso/ Girón
