Protección penal para las familias: un reto actual desde el Derecho
El Derecho Penal de Familia comporta un conjunto de instituciones, normas y disposiciones jurídicas que protegen, esencialmente, a las familias cuando en su seno se realizan actividades ilícitas punibles por parte de sus miembros, o cuando los propios miembros de la familia, atacan a propios miembros de esa familia y por tanto alteran los vínculos familiares, pues ponen en riesgo o dañan la célula básica social que por excelencia es la familia, asociada como está a la sociedad civil de cada país y a una sociedad civil internacional en un mundo globalizado como el que hoy existe.
La familia es la base, la célula primigenia de cada sociedad, por lo que dada su posición privilegiada debe observar principios que regulan la conducta y la personalidad de los seres humanos que de ella surgen y se desenvuelven como actores familiares, actores políticos y civiles, elementos que vienen dados porque en su seno están contenidos valores morales y de trato social, para que la vida se desarrolle en armonía, para lograr el bienestar social inclusivo, para todos. Es, además, consustancial a las sociedades civiles de cada país, a las que se asocian y de las que se nutren las sociedades civiles.
El Derecho penal sustantivo, como se conoce, contiene normas prohibitivas, en las que se previene a los individuos que de violentarlas, serán destinatarios de una sanción preestablecida en esas mismas normas. No obstante si el sujeto comisor o transgresor de la norma es miembro de la familia o está vinculado a ésta, la sanción a imponer va desde la sanción principal de tipo penal, hasta la imposición de sanciones accesorias que, en determinadas circunstancias, implicará la pérdida o suspensión de determinados derechos consustanciales para la familia.
Por ello los Códigos Penales tienen una gama de disposiciones que se refieren a la familia, por consiguiente, esta relación del Derecho Familiar con el Derecho Penal, entraña la formación de un binomio que regula las conductas de las familias, con trascendencia al ámbito del derecho punible. A la materialización de estas ramas de derecho en aras de una protección penal para las familias, se suman, por su carácter instrumental, los procesos penales y/o familiares.
