Lawfare: la judicialización de la política contra los pueblos del Sur, dentro del ámbito del derecho internacional (I parte)

Los nuevos conflictos internacionales que han ido surgiendo en los últimos años se caracterizan por su carácter desestructurado, por dar lugar a una cantidad cada vez mayor de víctimas civiles y por librarse principalmente a través de medios y métodos no convencionales, entre los que se encuentra el recurso al terrorismo, los ataques cibernéticos, la propaganda, la manipulación de la información, la «guerra informativa», los ataques al sistema económico o financiero o el Lawfare, que ha sido definido como «un método de guerra que consiste en el uso del derecho como medio para lograr un objetivo militar».

En el ámbito del derecho internacional, la expresión «zona gris» se ha empleado también de forma abundante, haciendo referencia generalmente a aquellos espacios en los que la aplicación de la norma no resulta clara y evidente.

Dicha expresión ha sido empleada tradicionalmente para referirse a aquellas áreas jurídicas «que se sitúan en las áreas colindantes del derecho de la paz y del derecho de la guerra», y en las que sería procedente «la aplicación acumulativa del derecho de los derechos humanos y el derecho internacional humanitario, garantizando, de ese modo, al menos la aplicación de un mínimo de normas humanitarias»1

Por ello el término Lawfare define el uso de técnicas de zona gris, que tiene su fundamento en el hecho de que los países comprometidos con la aplicación regular de las normas del ordenamiento jurídico internacional son mucho más reticentes a la hora de aplicar tales estrategias.

El uso de la propaganda y la manipulación informativa, concede a los actores de zona gris una oportunidad inmejorable para desacreditar las operaciones de las fuerzas armadas del rival, lo que se ha extendido hoy a figuras políticas no aviesas a las grandes burguesías nacionales entreguistas, de derecha o extrema derecha y al gran capital y al imperialismo. Tal es el caso de lo sucedido con los expresidentes Luis Inacio Lula da SIlva (en Brasil) y Rafael Correa (en Ecuador), o la sentencia de los últimos días contra la actual vicepresidenta argentina Cristina Fernández.

El término “describe un método de guerra no convencional en el que la ley es usada como un medio para conseguir un objetivo militar”2 utilizado con este sentido en «Unrestricted Warfare», un libro de 1999 sobre estrategia militar.

Ya en los años 2001 el concepto comienza a ser manejado en ámbitos diferentes a las Fuerzas Armadas Estadounidenses, tras la publicación de un artículo escrito por el General de la Fuerza Aérea, Charles Dunlap, de la Duke Law School 3. Estados Unidos (por medio de la Agencia injerencista USAID) es uno de los principales proveedores de asesoría para la reforma de los aparatos jurídicos y judiciales en América Latina 4 y el Departamento de Justicia estadounidense ha estrechado en los últimos años los vínculos con los aparatos judiciales latinoamericanos en una cruzada que confunde, de una vaticinada “lucha anticorrupción”.

La nueva táctica de guerra no convencional, que tiene su basamento en judicializar la política con la utilización de jueces y magistrados para maniatar cualquier cambio que signifique progreso en nuestros pueblos del Sur, ha sido estrenada principalmente en escenarios actuales de América Latina: Brasil, Argentina, Ecuador, por solo citar otra vez esos ejemplos.

La voz inglesa Lawfare identifica esa deleznable conducta persecutoria y sobre eso, no solo como táctica sino como método de deshacerse de políticos de izquierda en América latina, se trata en este trabajo, por rebasar lo jurídico y extenderse a su necesario análisis desde una Ciencia Política de enfoque Sur.

1 ROSSAS, V. Allan y MERON, Theodor. «Combatting lawlessness in grey zone conflicts through minimum humanitarian standards». American Journal of International Law. Vol. 89, n. º 2, 1995, p. 215.

4 Pásara, Luis (2012) “International support for justice reform in Latin America: worthwhile or worthless?” Latin American Program. Woodrow Wilson Center, Washington DC.

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