A sabiendas de las altas multas que establecen los decretos ley 30 y 31 que penan las violaciones de precios, el acaparamiento y acciones inseguras en materia de bioseguridad; inspectores de la Dirección de Supervisión Integral, de Higiene, Transporte y la Policía Nacional Revolucionaria en la provincia de Matanzas, precisaron en la pasada jornada la imposición de 246 sanciones por valor de más de 179 mil pesos.