Lawfare: la judicialización de la política contra los pueblos del SUR, dentro del ámbito del derecho internacional. (II parte)

Los aspectos esenciales del Lawfare establecen que:

El llamado Poder Judicial, según la teoría burguesa de la tripartición de poderes, cuando se sabe que es una función de los Estados del verdadero poder que reside en la clase económica y políticamente dominante, ha convertido en los últimos años, sobre todo en América Latina, en un poderoso espacio desde donde expandir, casi sin límite alguno, estrategias de desestabilización y persecución política.

Este “poder” es el único que no procede de la voluntad popular, sino de complejos y enrevesados mecanismos de designaciones políticas y concursos, sumados a privilegios que los demás “poderes” no tienen. Ello le permite operar políticamente con un total viso de institucionalidad.

Se propugna que la corrupción en el Estado debe ser exterminada con apoyo de “buenas prácticas” del sector privado, que al funcionar con eficacia y limpidez para desplazar la “lógica” de lo público, asociada al derroche y a la mala gestión de “los políticos”, que no son otros que los militantes, los actores políticos con trayectoria en partidos de izquierda, apostando a la creación de una tecnocracia apolítica.

Por estas razones, la cacería judicial se ha exasperado contra funcionarios de gobiernos de izquierda latinoamericanos, donde el Estado recuperó su protagonismo en materia económico-social, agrandando al Estado y revalorizando lo público.

Uno de los objetivos del Lawfare o Guerra jurídica es lograr la restauración del neoliberalismo, con la utilización de la vía judicial. Se recurre así a un estado de excepción por medio del uso de herramientas aparentemente legales, definidas por ese mismo aparato judicial que se eleva por encima de los demás poderes, lo que echa por tierra la antigua y ya desgastada teoría de Locke, seguida por Montesquieu, de la división e independencia de poderes que en la práctica actual de Latinoamérica, conducen a la omisión de la ley o su tergiversación, a favor de la imposición violenta de un nuevo orden que jueces y magistrados apoyan en detrimento de la izquierda, las ideas progresistas y los movimientos sociales.

Ejemplo claro de ello ha sido el venal juicio, más político que jurídico, a Lula da Silva, que ha sido parte de una estrategia de Lawfare, tal como lo han denominado especialistas1, que implica: el uso indebido de herramientas jurídicas con fines de persecución política o el uso de la ley como un arma para destruir al adversario político por la vía judicial2.

Esto se cataloga como un proceso de judicialización de la política (desde arriba), donde el aparato judicial o como se le dice, el Poder Judicial, se exalta por encima del Poder Legislativo y del Ejecutivo y que no ha significado, ni más ni menos, que el establecimiento de una “dictadura de los jueces” o imperialismo jurisdiccional y el descalabro de la muy llevada y traída teoría de equilibrio entre poderes3.

La existencia de procesos de guerra jurídica contra exfuncionarios de gobiernos progresistas, dan cuenta de que hay otros intereses más allá de la supuesta batalla “imparcial” contra la corrupción. Uno de los objetivos del Lawfare a corto y mediano plazo es lograr la restauración del neoliberalismo también por la vía judicial.

Se recurre a un estado de excepción por medio de herramientas, con un ropaje de presuntamente legales, así definidas por un aparato judicial que se eleva por encima de los demás poderes supuestamente es seguidor de las ideas de Locke y Montesquieu sobre la tripartición de poderes, que en la práctica, conducen a la omisión de la ley a favor de la imposición violenta de un nuevo orden.

Doctor en Ciencias Políticas. Profesor Consultante, Universidad de Matanzas, Cuba