En paralelo, la ONU debate un plan de paz que, aunque respaldado por el Consejo de Seguridad, parece más una imposición geopolítica que una solución consensuada. El plan, promovido por Estados Unidos y respaldado por Israel, exige el desarme total de Hamás y contempla el despliegue de una fuerza internacional en Gaza.
Sin embargo, no incluye garantías claras para la reconstrucción del enclave ni para la protección de los derechos de los palestinos. Donald Trump, en su retorno al protagonismo internacional, se ha adjudicado el crédito de este supuesto acuerdo de paz, a pesar de que no se ha alcanzado ningún consenso real entre las partes involucradas. Su narrativa busca reforzar su imagen de negociador eficaz, aunque los hechos sobre el terreno cuenten otra historia.
En este contexto, Benjamin Netanyahu se ha convertido en el rostro visible de una impunidad diplomática que desafía abiertamente los principios del derecho internacional. A pesar de que la Corte Penal Internacional ha emitido una orden de arresto en su contra por presuntos crímenes de guerra, el primer ministro israelí continúa viajando por el mundo sin restricciones.
Hace apenas unos días sobrevoló el espacio aéreo de varios países que reconocen la jurisdicción de la Corte Penal Internacional, sin que se activara ningún mecanismo legal para su detención. Su reciente visita a Estados Unidos, donde fue recibido con honores, es una muestra más de cómo la geopolítica puede neutralizar los mecanismos internacionales de justicia cuando se trata de aliados estratégicos.
La protección diplomática que le ofrece Washington, no solo lo blinda de sanciones, sino que también socava la credibilidad de las instituciones encargadas de velar por los derechos humanos. Este doble rasero —donde algunos líderes enfrentan consecuencias inmediatas mientras otros son inmunes por razones estratégicas— erosiona la legitimidad del derecho internacional. La ley, que debería ser universal, se convierte en una herramienta selectiva al servicio de los intereses de las grandes potencias.
Como si esto no fuera suficiente, Israel ha dado un paso más en su agenda diplomática al convertirse en el primer país en reconocer oficialmente a Somalilandia como Estado independiente. Este movimiento, que rompe con décadas de consenso internacional sobre la integridad territorial de Somalia, ha sido interpretado por muchos analistas como una jugada estratégica para ampliar su influencia en el Cuerno de África y consolidar alianzas fuera del marco tradicional.
Mientras tanto, los ataques en la frontera sirio-libanesa continúan, elevando el riesgo de una escalada regional que podría arrastrar a otros actores al conflicto.
En este tablero global Israel se mueve con una soltura que solo es posible bajo el paraguas protector de Estados Unidos. La impunidad no es un accidente, sino una política cuidadosamente sostenida por una alianza que prioriza la geoestrategia sobre los derechos humanos. Las víctimas del conflicto, atrapadas entre los escombros de sus hogares y la indiferencia de las potencias, siguen esperando justicia. Pero mientras la ley internacional se aplique con criterios selectivos, esa justicia seguirá siendo una promesa vacía.