Delito de malversación causa afectaciones millonarias a la Empresa provincial de Correos
La comisión de estos delitos es repudiada en nuestra sociedad por la incidencia negativa que tienen en la economía y en el bienestar de la población.
Una acción de control de la Empresa provincial de Correos en su unidad del municipio de Limonar detectó irregularidades que, luego de investigadas, corroboraron la apropiación de cinco millones 281 mil 557.02 pesos moneda nacional por concepto de servicios prestados en esta unidad.
Durante el proceso investigativo se conoció que la administradora del Centro de Correos de Limonar ideó beneficiarse económicamente, a partir de su responsabilidad sobre la actividad contable, del efectivo que recepcionaba diariamente en correspondencia con el cuadre de cada una de las operaciones del día, así como del depósito en caja y la liquidación del resultado de las operaciones del día de la unidad bancaria y las conciliaciones que a ese nivel procediera.
Según los hechos narrados para llevar a vías de hecho sus planes sin despertar sospechas, la administradora, valiéndose de su cargo, entre el 5 de mayo y el 22 de octubre de 2022, implementó que únicamente ella operaría el Sistema Integrado Postal y realizaría el cuadre y liquidación de efectivo que entregaban diariamente los gestores y carteros, tareas y funciones no inherentes a su cargo.
De acuerdo con los datos ofrecidos, la ciudadana estableció un modelo interno al que llamó «SUPLE» en el que anotaban las entregas de efectivo a la caja, provenientes de las ventas de sellos en sus diferentes denominaciones por parte de las gestoras de las ventanillas, el que solo confeccionaban de forma manual y sin firmas como constancia de las entregas, y no introducía cada venta en el sistema automatizado como estaba establecido, pues con ello evitaba que se conociera por la empresa lo real vendido al cierre de cada jornada laboral.
Además, tomó la copia de la llave del local de la caja y la combinación de la caja fuerte que por razones de su cargo conservaba en un sobre lacrado y comenzó a hacer uso diario de ellas, entrando a la caja y realizando operaciones directamente. Entre ellas preparaba los depósitos bancarios, todo lo que le permitió acceder a grandes sumas de efectivo proveniente de estas ventas.
Sin embargo, en la documentación contable mantenía parte de lo vendido como si estuviera aún en existencia y en las conciliaciones establecidas con la Oficina Nacional de la Administración Tributaria del territorio no lo reportaba como vendido, ni tampoco en el Sistema Integrado Postal, para evadir el control desde la empresa provincial, apoderándose de este efectivo, del que depositaba determinadas cantidades en el banco y no lo totalmente recaudado diariamente, sumas que iba empleando para su beneficio personal.
Asimismo, durante la investigación se comprobó que la misma decidió hacer suyo el efectivo que obtenía de los servicios prestados por concepto de aforo de aduanas, sellos, venta de algunas mercancías y prestación de otros servicios, de los que no depositaba dinero alguno en la sucursal bancaria.
Igualmente se apropió de parte del dinero del servicio de domicilio que se prestaba a los pensionados afiliados en la Unidad Básica de Correos en Limonar, del pago correspondiente a la seguridad social y del fondo de giros de la unidad.
En este tiempo la ciudadana que fungía como cajera principal consintió en que la imputada asumiera parte de sus funciones como la de cuadre y liquidación de efectivo y además le dio acceso a la llave de la caja. De esta manera la cajera incumplió en el deber de preservar los bienes de la entidad, al permitir que la administradora realizara operaciones directamente en la caja, entre ellas, la de preparar los depósitos bancarios y con ello apoderarse de cantidades sustanciosas de dinero en efectivo.
Asimismo, se comprobó que para encubrir el delito la administradora simuló un delito de robo con fuerza en la unidad.
Ante la Sala primera de lo Penal del Tribunal provincial Popular de Matanzas, fueron presentadas las conclusiones acusatorias provisionales del fiscal, así como el expediente investigativo; se radicó por ese órgano judicial la causa 99 del 2024, y cumplidas las formalidades procesales correspondientes, se celebró el juicio oral y público.
El Tribunal provincial Popular de Matanzas,valoradas las pruebas practicadas en el acto del juicio oral, determinó responsable a la acusada de los delitos de simulación del delito, previsto y sancionado en el artículo 201 del Código Penal y del delito de falsificación de documentos privados para cometer el delito de malversación previsto y sancionado en los artículos 339.a) en relación con el 297.1.2 del Código Penal. En consecuencia, con ello fue sancionada a 15 años de privación de libertad y se dispuso además la responsabilidad civil correspondiente.
En el caso de la cajera se determinó responsable del delito de incumplimiento del deber de preservar bienes de entidades económicas previsto y sancionado en el artículo 303.1 y 2 del Código Penal. En consecuencia, con ello fue sancionada a dos años de trabajo correccional con internamiento.
A ambas procesadas se les impuso además las sanciones accesorias de privación de derechos públicos y la prohibición de salida del territorio nacional por igual período que la sanción principal.
En la tramitación de la causa y durante el acto de juicio oral se cumplieron las garantías procesales y el respeto al debido proceso consagrado en la Constitución de la República de Cuba y en la Ley del proceso penal.
A las sancionadas y a la Fiscalía les asiste el derecho de interponer el recurso correspondiente contra la decisión del órgano judicial. La comisión de estos delitos es repudiada en nuestra sociedad por la incidencia negativa que tienen en la economía y en el bienestar de la población.
