Mercados de Barrio: ¿de qué barrio?

Si el nombre fuera honesto, no se llamarían Mercados de Barrio. Se llamarían Mercados de Barrio Alto, Mercados de Zona Exclusiva, Mercados de Urbanización Privada o, simplemente, Mercados de Barrio Pudiente.

Porque un establecimiento cuyos precios no puede pagar el vecindario no pertenece al vecindario: pertenece a otro estrato, a otra geografía social, a ese país paralelo donde la inflación no se mide en angustia, sino en comodidad.

La promesa oficial era clara: alrededor de 20 productos básicos con precios hasta un 15 por ciento inferiores a los de otros comercios privados.

La realidad, sin embargo, se estrella contra el bolsillo de jubilados y trabajadores. Los precios siguen siendo inalcanzables. En muchos hogares, comprar arroz o leche ya no es un acto rutinario, sino una decisión angustiosa: significa renunciar a medicamentos, transporte u otros gastos indispensables. Ese no es un mercado de barrio. Es un mercado donde la escasez se disfraza de oferta y la desigualdad se vende como competencia.

El problema no es solo que los precios sean elevados. Es que la rebaja anunciada no aparece en ninguna parte de manera clara y generalizada. Al contrario: la leche en polvo, el arroz y la harina de trigo —el núcleo de cualquier política de alivio familiar— se encuentran a veces más baratos entre trabajadores por cuenta propia que en los llamados Mercados de Barrio.

La paradoja es evidente: se desmonta un sistema estatal que, con todas sus insuficiencias, garantizaba al menos una cuota regulada y se le sustituye por una red comercial cuyos precios dependen exclusivamente de la capacidad de pago.

La libreta no resolvía la falta de alimentos, pero su desaparición tampoco ha traído abundancia. Para millones, el cambio significa pasar de recibir poco a tener que comprarlo todo a precios que no pueden asumir.

Mientras tanto, los gestores de estos mercados reciben bonificaciones del cinco por ciento en el impuesto sobre las ventas, exoneraciones fiscales para quienes comercialicen mayoristamente con entidades del sistema de Comercio Interior, y hasta dos años de arrendamiento gratuito de locales estatales, prorrogables si invierten.

El contraste es difícil de ignorar: el Estado renuncia a ingresos, pero esa renuncia no llega al bolsillo del consumidor. La supuesta reducción se queda en el camino.

El beneficio fiscal no se traduce en precios accesibles ni en mayor disponibilidad. Se parece más a un incentivo para que unos pocos capitalicen, que a una política de protección al consumidor.

Llamar «mercado de barrio» a un establecimiento inaccesible para el barrio revela una contradicción esencial, puesto que lo que esté ocurriendo ha torcido el rumbo de la idea original.

No es un mercado de barrio popular, ni de barrio obrero, ni de barrio humilde. Es un mercado de barrio alto, de barrio exclusivo.

El desmontaje de las bodegas y de la libreta, sin una alternativa socialmente viable, no constituye una reforma que hasta el momento convenza: es apenas el reemplazo de una escasez administrada por una desigualdad comercializada.

Y a esa desigualdad, se le pone un nombre que suena a cercanía, a comunidad, a barrio. Pero el barrio, ese barrio real, el de los jubilados y los trabajadores, en una nación que envejece, que exhibe un saldo negativo de crecimiento poblacional, sigue mirando los precios desde afuera, mientras que algunos, naturalmente, capitalizan sus negocios a costa del barrio.