Aceite dieléctrico: cifras alarmantes, daño económico y familias destrozadas
Hay un daño que es más perjudicial: el que sufren las familias de los que fueron juzgados o esperan por un juicio, así como el de aquellos que han tenido que soportar largas ausencias de electricidad.
Hasta agosto de 2026, el Ministerio de Energía y Minas confirmó 479 casos de robo de aceite dieléctrico en el país. Matanzas es la provincia más afectada, con 175 incidentes. Una modalidad delictiva que se ha extendido por el territorio nacional y que deja consecuencias devastadoras para miles de familias cubanas.
Las cifras de una crisis
El robo de aceite dieléctrico de los transformadores eléctricos no es un delito menor. Sus efectos se miden en litros perdidos, en subestaciones dañadas, en comunidades enteras sin servicio eléctrico durante semanas o meses.
Solo en la provincia de Matanzas más de 55 mil 950 litros de aceite han sido robados. De 98 subestaciones que existen en el territorio, 43 han sido afectadas y doce de ellas siguen fuera de servicio.
El costo de reposición supera los 25 mil dólares por cada transformador dañado. Una cifra que, multiplicada por los cientos de casos en el país, representa un golpe económico significativo para el sistema eléctrico nacional.
Comunidades enteras a oscuras
Detrás de las estadísticas hay rostros, familias y comunidades que han visto su vida cotidiana transformada por la falta de electricidad y, en consecuencia, de agua potable.
. Batey Gratitud (Jovellanos): ha sido saqueada seis veces en tres meses, lo que representa cuatro mil vecinos de nueve comunidades afectados.
· Batey San José de Marcos (Jagüey Grande): más de 30 días sin electricidad tras el robo de unos mil litros de aceite.
· Carbonera: más de tres meses sin servicio eléctrico.
· Hay comunidades que han llegado a estar 105 días sin electricidad.
La respuesta del Gobierno
El Gobierno clasifica estos robos como sabotaje, con penas que van de siete a 30 años de prisión, privación perpetua o incluso la muerte en casos graves.
En Matanzas hay 22 procesos en fase preparatoria con 71 imputados. La Fiscalía solicitó prisión provisional para el 87por ciento de los acusados. Los juzgados este año por delitos contra el sistema eléctrico han recibido penas de entre nueve y 20 años.
El daño humano: más allá de las cifras
Estas cifras son alarmantes por el costo económico que le ocasionan al país. Pero hay un daño que, a mi criterio, es más perjudicial: el que sufren las familias de los que fueron juzgados o esperan por un juicio, así como el de aquellos que han tenido que soportar largas ausencias de electricidad.
Muchos de los sancionados son jóvenes que deben estar tras las rejas durante años, un período que no podrán recuperar jamás. Perderán momentos de satisfacción como ver crecer a sus hijos, no estar al lado de la madre, del padre, de la esposa u otros familiares cercanos.
Hace unos días observé un reportaje del colega y amigo Pedro Rizo, donde el sancionado era un joven que al parecer no pasaba de 20 años. Confieso que el corazón se me estrujó. Pensé en mis nietos, en mis sobrinos, en mis allegados con esa edad. De igual forma me puse en el lugar del padre o de la madre.
Pero ello no me privó de estar identificado con las sanciones que se aplican, porque esos que roban el aceite dieléctrico saben bien el perjuicio que le causan a la sociedad.
Un llamado a la reflexión y a la acción
Al que ya robó el aceite y no lo sorprendieron, le doy un consejo: no piense que la suerte siempre está de su parte. Y al que no lo ha hecho y lo tiene pensado, que se haga la siguiente pregunta: ¿Vale la pena cumplir una sanción de años por unos pesos mal habidos?
También quiero dar consejos a la Empresa Eléctrica, a los Comités de Defensa de la Revolución y a las comunidades. A esos transformadores hay que protegerlos. Es una burla lo ocurrido en el Batey Gratitud, en Jovellanos: que ha sido saqueado seis veces en tres meses.
A los delincuentes hay que cortarles el paso y no dejarles el camino libre.
**Las cifras fueron tomadas del perfil de Humberto López
