16 de septiembre de 2026

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Nueve contribuyentes de Matanzas reciben beneficios fiscales por energía renovable

La Resolución 41, aprobada en febrero de 2026, establece incentivos fiscales para quienes incorporen fuentes renovables de energía, tanto para el autoconsumo como para la entrega de electricidad al Sistema Eléctrico Nacional
Nueve contribuyentes del municipio de Matanzas se benefician hasta el momento de los incentivos fiscales establecidos en la Resolución 41, vinculada al aprovechamiento de las fuentes renovables de energía.
Según informó la Oficina Nacional de Administración Tributaria (ONAT) en el territorio, entre los beneficiarios figuran cuatro trabajadores por cuenta propia, un artista, tres mipymes y una entidad estatal, quienes quedan eximidos del pago del impuesto correspondiente por un período que puede alcanzar hasta ocho años, de acuerdo con las características y el tiempo de recuperación de cada inversión.
Entre los primeros casos se encuentra un trabajador por cuenta propia dedicado al mantenimiento y reparación de vehículos automotores, a quien le fue aprobada una exención del pago del impuesto sobre los ingresos personales por cuatro años y cinco meses, en correspondencia con el período de recuperación de la inversión realizada.
La medida está asociada a la instalación de un sistema solar fotovoltaico destinado al autoconsumo energético, que incluye paneles solares, inversor, baterías de almacenamiento y otros componentes técnicos.
La inversión cuenta con la certificación técnica correspondiente, que avala el cumplimiento de las regulaciones, normas y requisitos de seguridad establecidos, así como un período de recuperación estimado en alrededor de cuatro años y medio.
La Resolución 41, aprobada en febrero de 2026, establece incentivos fiscales para quienes incorporen fuentes renovables de energía, tanto para el autoconsumo como para la entrega de electricidad al Sistema Eléctrico Nacional.
En Matanzas, la aplicación de esta normativa alcanza tanto a actores económicos no estatales como al sector estatal y constituye un mecanismo para estimular las inversiones en tecnologías limpias, reducir el consumo de combustibles y contribuir al enfrentamiento de las tensiones del sistema electroenergético nacional.

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