Trabajadores interruptos en Matanzas: el impacto del cerco energético en el empleo
Cerca de diez mil trabajadores han quedado interruptos en la provincia de Matanzas, provocado por el cerco energético impuesto al país por el gobierno de los Estados Unidos en el intento de asfixiar al pueblo y, sobre todo, de buscar un estallido social.
Bajo estas condiciones las administraciones de los centros laborales, con la participación de las dependencias administrativas municipales, buscan ofertas para reubicar a los que quedan vacantes, para que las familias no se afecten
al máximo.
Cerca de un 50 por ciento de los que han quedado sin trabajo ya han sido reubicados, mientras un porcentaje similar no aceptó las ofertas laborales propuestas. Una parte de ellos solicitó permiso para ejercer el trabajo por cuenta propia.
A los trabajadores que no reciben oferta laboral se les brinda garantía salarial durante un término y los que no aceptan deben agenciarse el trabajo a título personal. Incluso, hay entidades que se mantienen pagando salario, violando lo establecido.
Los sectores que pagan a quienes no aceptan las ofertas propuestas están violando lo dispuesto por la ley. Esto ocurre incluso en la Agricultura, Azcuba y la Construcción, organismos donde existe un gran número de plazas vacantes.
Pueden existir casos puntuales donde se protege a esos trabajadores porque sus condiciones de salud o físicas no les permiten ocupar plazas que requieran esfuerzos corporales, por detallar un ejemplo.
Igualmente, aquellas personas que aceptaron un nuevo trabajo, pero quedan en desventaja social, se protegen también, hasta que su situación se restablezca. Todos los movimientos demandan mucha atención, porque se requiere conformar una estructura salarial acorde al momento.
Por estas causas, en la provincia se ha generado una cifra de 426 quejas, lo que indica que antes de cada movimiento debe haber una labor de convencimiento y, sobre todo, de transparencia.
Esta problemática no la ha creado el país, ni el sistema laboral vigente, es producto de la imposición criminal del bloqueo por más de 60 años, con el recrudecimiento del cerco energético impuesto recientemente por los Estados Unidos.
