Del control de precios a la escalada del aceite: ¿qué está ocurriendo en el mercado cubano?
En apenas unos días el precio del aceite comestible ha experimentado un incremento que preocupa a miles de familias cubanas.
En algunos territorios ya se oferta entre 4 000 y 5 000 pesos, e incluso aparecen anuncios con precios superiores, una cifra que supera el salario mínimo mensual vigente.
La situación se produce después de la entrada en vigor de la Resolución 150/2026 del Ministerio de Finanzas y Precios, que eliminó los precios máximos para varios productos de alta demanda, entre ellos el aceite, el pollo, la leche en polvo, las pastas alimenticias y las salchichas.
El propio Gobierno explicó que los topes administrativos no habían logrado contener la inflación y, en muchos casos, terminaron provocando la desaparición de productos del mercado formal.
La expectativa era que la liberación de precios incentivara una mayor oferta. Sin embargo, al menos en el caso del aceite, el comportamiento del mercado ha sido diferente. En lugar de estabilizarse, los precios continuaron escalando con rapidez.
Cuba depende casi totalmente de las importaciones para abastecer este producto. La escasez de divisas, las dificultades para acceder a financiamiento, los elevados costos logísticos, las sanciones y medidas del gobierno de los Estados Unidos contra Cuba restringen la capacidad de reponer inventarios.
A ello se suma un fenómeno que muchos consumidores denuncian: el acaparamiento y la reventa. Cuando la oferta es limitada y existe la expectativa de que los precios seguirán aumentando, algunos comerciantes prefieren retener mercancías o venderlas con márgenes cada vez mayores, alimentando una espiral de incrementos.
¿Cuántos de esos precios responden realmente al costo de importar el producto y cuántos obedecen a márgenes de ganancia excesivos? En un mercado transparente, la ficha de costos constituye una herramienta esencial para justificar el precio final y diferenciar una utilidad legítima de una práctica especulativa.
Nadie cuestiona el derecho de quien importa, distribuye o comercializa a recuperar su inversión y obtener ganancias. Lo que sí resulta difícil de justificar es que, en medio de una escasez que afecta a toda la población, se obtengan beneficios desproporcionados a costa de un producto de primera necesidad. No es justo lucrar con la necesidad del pueblo.
Cuando un alimento indispensable se convierte en un negocio basado en la desesperación de las familias, el impacto deja de ser únicamente económico y pasa a ser también un problema ético y social.
El debate tampoco debería limitarse a escoger entre controlar o liberar precios. La experiencia reciente demuestra que ninguna de las dos medidas, por sí sola, resuelve el problema cuando la oferta continúa siendo insuficiente.
Mientras no exista un mercado con mayor disponibilidad de productos, competencia efectiva y reglas claras para todos los actores económicos, los consumidores seguirán siendo los más afectados.
Porque, al final, quien termina pagando el costo de la escasez, la incertidumbre y los márgenes excesivos es el bolsillo del cubano de a pie.
