Constitución de 1976: arquitectura jurídica de una nueva era
El 24 de febrero de 1976 Cuba no solo conmemoraba el reinicio de sus gestas libertarias, sino que asistía a un parteaguas institucional sin parangón en su devenir como República. Bajo la tutela del Primer Congreso del Partido Comunista de Cuba se proclamó la Constitución de la República, un documento que emergió tras un ejercicio de consulta popular de una profundidad social inéditas.
Presidida por la figura preclara de Blas Roca Calderío, la Comisión Central dio forma a un proyecto que, tras ser debatido en cada rincón del archipiélago por las organizaciones de masa, obtuvo el respaldo del 97,7 por ciento del electorado. Este consenso, más que un mero trámite administrativo, representó la voluntad soberana de institucionalizar el proceso transformador iniciado en 1959 bajo un marco de legalidad socialista.
La trascendencia de esta Carta Magna radicó en su capacidad para erigirse como la primera constitución socialista del Hemisferio Occidental, rompiendo con los moldes del constitucionalismo liberal burgués para priorizar la justicia social colectiva.
Inspirada en la máxima martiana de que la ley primera de nuestra república sea el culto a la dignidad plena del hombre, este texto no solo reorganizó el aparato estatal, sino que blindó derechos ciudadanos universales.
Al establecer que las prerrogativas constitucionales se aplicaban por igual a todo hijo de esta tierra, la Ley de Leyes de 1976 sentó las bases de una equidad que pretendía borrar, de una vez y por todas, los vestigios de la exclusión estructural del pasado.
En el plano estrictamente jurídico introdujo garantías procesales de avanzada que hoy resultan pilares del Estado de Derecho. Instituyó el debido proceso penal, la irretroactividad de las leyes y el principio de la norma más favorable al reo, además de limitar la confiscación de bienes bajo estrictos marcos legales.
No menos relevante fue la declaración de la independencia funcional de los tribunales, asegurando que el ejercicio de la justicia obedeciera únicamente a la ley. Esta arquitectura normativa buscaba dotar al ciudadano de una seguridad jurídica que armonizara con el carácter revolucionario del gobierno, garantizando que el orden y la legalidad fueran los rieles sobre los que transitara el proyecto social cubano.
43 años después, la historia cerró un ciclo dialéctico para abrir otro de mayor madurez. El 24 de febrero de 2019, mediante un referendo que alcanzó el 86,8 por ciento de votos afirmativos, se ratificó la actual Constitución de la República, una evolución orgánica de su predecesora de 1976.
Si bien la nueva Ley Suprema se ajusta con mayor agudeza a la Cuba contemporánea y a sus desafíos económicos, mantiene intacto el núcleo duro de soberanía, solidaridad humana y justicia social. La proclamación de 1976 permanece, por tanto, como el cimiento histórico irrenunciable sobre el cual se sigue edificando hoy la democracia y la legalidad de una nación que persiste en la preservación de sus conquistas.
