La violencia infantil reclama más atención social
La responsabilidad no es solo del Estado, es de cada adulto que decide mirar o actuar en defensa de lo más preciado, el niño o la niña víctima de violencia
Cada año trascienden los casos de niños que sufren maltrato físico, psicológico o sexual en su propio hogar. Los datos oficiales muestran un aumento de las denuncias, pero también revelan una cifra oculta de casos que no llegan a la justicia.
El abuso infantil no distingue clase social, nivel educativo, ni creencia religiosa. Muchas veces, el agresor es un familiar o una persona cercana al infante. Esta condición convierte el hogar en un espacio de miedo, no de protección.
La familia, la escuela y la comunidad precisan unirse para proteger y denunciar la agresión a los niños que no hablan por temor, por dependencia afectiva o porque normalizan la violencia.
Y es que el abuso deja marcas profundas: trastornos de ansiedad, depresión, dificultades en el aprendizaje y conductas autodestructivas. La sociedad mira con indignación los casos extremos que llegan a los medios, pero ignora los signos cotidianos: moretones injustificados, cambios de humor repentinos o aislamiento social.
La ley establece que los padres o responsables tienen la obligación prioritaria de garantizar la protección y el desarrollo libre de violencia del niño. Cuando esta responsabilidad se rompe, el agresor se enfrenta a duras penas: por agresión física grave la prisión puede llegar hasta los 14 años.
En caso de abuso sexual, el Código Penal tipifica el “estupro de vulnerable” (menores de 14 años) con penas de ocho a 15 años de prisión; si la víctima tiene entre 14 y 18 años, la pena aumenta. Además, estos delitos no reciben beneficios como la fianzas o el indulto.
Como sociedad tenemos fallas en la prevención, no basta con campañas ocasionales ni con endurecer penas. Se precisa también de educación emocional en las escuelas, canales de denuncia accesibles y agentes capacitados para escuchar a un niño sin revictimizarlo.
Mientras el abuso se trate como un hecho aislado y no como un problema social seguiremos pacientes sin atacar la raíz del silencio. La responsabilidad no es solo del Estado, es de cada adulto que decide mirar o actuar en defensa de lo más preciado, el niño o la niña víctima de violencia.
