Diatribas de la bancarización 

En el contexto actual del proceso de bancarización en Cuba se observa una situación compleja en torno al uso de las transferencias electrónicas. Por un lado, a los trabajadores por cuenta propia se les exige como parte de sus obligaciones fiscales y operativas, mostrar un código QR para recibir pagos digitales a través de plataformas como Transfermóvil y Enzona.

Sin embargo, en muchos centros estatales el uso de esta vía de pago no es generalizado, lo que conlleva a una asimetría en la aplicación de la política.

A esto se suman las quejas de los propios actores económicos privados, quienes señalan que el dinero que reciben en sus tarjetas tiene limitaciones para su uso diario. Por ejemplo, las plataformas digitales establecen topes máximos de transacciones por día, lo que restringe la movilidad del efectivo electrónico.

Aunque se colocaron paneles solares en los bancos persisten afectaciones en la conectividad para realizar estas operaciones y los puntos de cambio físicos, como los cajeros automáticos, rara vez cuentan con efectivo disponible. Esta combinación de factores hace que obtener dinero en efectivo resulte un proceso incómodo y en muchos casos infructuoso.

Ello impacta de forma especial en los trabajadores por cuenta propia, pero sobre todo en los pensionados. Muchos de ellos deben hacer largas colas para extraer efectivo y en ocasiones no logran su objetivo, lo que dificulta su acceso a bienes y servicios básicos que aún requieren pago en efectivo.

Ante esta realidad el país implementa varias acciones, insuficientes aun, como asociar a los jubilados a formas de gestión no estatal para recibir sus pensiones en los Consejos Populares.

Otras medidas como el fomento del uso de las pasarelas de pago digitales, la creación de puntos de extracción alternativos (como los cajeros automáticos corresponsales o los recaudadores) y campañas de comunicación para incentivar el dinero electrónico.

También se han emitido normativas por parte del Banco Central de Cuba que regulan los límites de transferencias y la obligatoriedad del uso de estos medios para ciertos actores económicos, como parte de la Resolución 111/2021 y otras disposiciones complementarias.

No obstante, existe una brecha entre lo que establecen estas normativas y la realidad operativa. Mientras las regulaciones avanzan hacia un modelo bancarizado y digital, la infraestructura tecnológica y logística aún no garantiza un acceso continuo, confiable y equitativo al efectivo o a las transacciones digitales.

Tampoco se ha logrado resolver el problema del efectivo en los cajeros automáticos, ni la alta dependencia de la conectividad eléctrica y de datos móviles. En contraste con lo señalado, las normas suponen que los medios electrónicos están disponibles de forma generalizada, pero la práctica muestra que hay barreras concretas —como topes diarios excesivamente restrictivos o falta de interoperabilidad— que limitan su uso efectivo.

Aunque el país da pasos importantes hacia la bancarización y su marco normativo, que busca ordenar el uso de las transferencias electrónicas, persisten dificultades operativas:  falta de efectivo en los cajeros,  limitaciones tecnológicas asociadas a la situación eléctrica y desigual implementación del cobro digital en el sector estatal, lo que convierten a este proceso en un desafío cotidiano.