28 de agosto de 2026

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Matanzas concentra el 60 % de los robos de aceite dieléctrico del país

Las autoridades dispondrán puntos de verificación en carreteras, donde los laboratorios de la Empresa Comercializadora de Combustibles de Matanzas analizarán muestras de diésel
Matanzas concentra el 60 por ciento de los robos de aceite dieléctrico del país e inicia un sistema de verificación de combustibles.
Con más de 90 transformadores dañados y pérdidas económicas que superan el medio millón de dólares, solamente en la reposición del aceite dieléctrico, la provincia se ha convertido en el epicentro de un delito que golpea el sistema eléctrico nacional.
Las autoridades dispondrán puntos de verificación en carreteras, donde los laboratorios de la Empresa Comercializadora de Combustibles de Matanzas analizarán muestras de diésel. Mediante pruebas de viscosidad y punto de inflamación se detectará si el aceite robado es mezclado ilegalmente con el combustible.
Quienes sean sorprendidos adulterando o comercializando aceite dieléctrico se enfrentarán al decomiso del vehículo y a penas de privación de libertad, según advirtieron fuentes del Ministerio del Interior. En los últimos meses varios implicados han sido condenados por sabotaje a la red eléctrica.
El aceite se vende en el mercado negro entre 500 y dos mil 500 pesos cubanos por litro. Cuba produce este lubricante en la Refinería Sergio Soto, de Cabaiguán, pero solo para transformadores de hasta 33 kv. Los equipos de subestaciones de mayor tensión requieren aceite importado, cuyo precio en el mercado mundial promedia entre 2.80 y 3.50 dólares por litro, más fletes y aranceles que elevan el costo final hasta un 25 pỏr ciento.
Con el 60 por ciento de los hurtos del país, Matanzas encabeza las estadísticas de un delito que ha dejado a oscuras a comunidades enteras y ha afectado la producción agropecuaria, el abasto de agua y servicios vitales.
Los controles ya comenzaron y se extenderán a los territorios de altos índices de robo, como parte de una estrategia para proteger la infraestructura eléctrica y frenar un delito que compromete la estabilidad del sistema energético cubano y golpea doblemente a comunidades matanceras.

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