El precio de la ausencia
La vida económica del cubano se enfrenta a un escenario para el que no estaba preparada. Nadie nos enseñó demasiado sobre oferta y demanda, descentralización, formación de precios o mercados mayoristas. Ahora tenemos que aprenderlos a golpes. Uno de los más recientes tiene forma de botella: el aceite.
Antes de empezar, lo primero es comprender qué es un precio mayorista y qué es un precio minorista. La diferencia suele estar en a quién se vende. El precio mayorista corresponde, generalmente, a operaciones de mayor volumen entre productores, importadores, distribuidores y otros actores económicos. El minorista es el que paga finalmente el consumidor y debe incorporar, además del costo de adquisición, transporte, almacenamiento, salarios, impuestos, pérdidas y otros gastos.
En 2024 entró en vigor la Resolución 225 del Ministerio de Finanzas y Precios, publicada en la Gaceta Oficial No. 61 Ordinaria. La norma estableció precios minoristas máximos para productos de alta demanda, entre ellos el aceite, el pollo troceado, la leche en polvo, las pastas y las salchichas. Para el aceite se fijó un máximo de 990 pesos por litro, con un margen de hasta 30 por ciento sobre costos y gastos, siempre sujeto al precio máximo establecido.
La intención era contener el crecimiento de los precios. Pero el mercado siguió encontrando caminos para expresar la realidad económica. El aceite comenzó a comercializarse por encima de aquel valor y la brecha entre el precio oficial y el precio efectivo fue creciendo.
En junio de 2026 llegó la corrección. La Resolución 150 del Ministerio de Finanzas y Precios dejó sin efecto los precios minoristas máximos para el aceite, excepto el de oliva, el pollo troceado, la leche en polvo, las pastas y las salchichas. El propio Ministerio explicó que la decisión respondía, entre otras razones, a los altos costos de adquisición para la importación, el crecimiento de la tasa de cambio y la escasez de combustible.
Pocas semanas después, y en medio de una escasez que ya venía afectando al producto, el precio del aceite comenzó a escalar con rapidez. En diferentes lugares llegó a venderse por miles de pesos y en Guantánamo se reportaron valores de hasta 6 mil pesos antes de la intervención de las autoridades.
En Guantánamo, el Gobierno municipal estableció en agosto un precio de referencia de 2 mil 200 pesos por unidad. Oficialmente se aclaró que no se trataba de un «precio topado», sino del resultado de un análisis de costos y gastos y contempló multas, decomisos, venta forzosa del producto y cierres temporales para quienes incumplieran las medidas. En la práctica, la frontera entre precio de referencia y precio máximo queda bastante borrosa.
Durante años se ha buscado proteger al consumidor y es lógico. El problema aparece cuando el precio que resulta inalcanzable para una parte importante de los consumidores coincide con el precio que el comerciante necesita para reponer la mercancía.
Cuando un precio máximo se establece por debajo del costo de reposición de un producto, aumenta el riesgo de que la oferta formal se reduzca, aparezcan mercados paralelos o simplemente desaparezca el producto.
Las sanciones estadounidenses complican las operaciones comerciales y financieras cubanas. Ignorarlo sería tan poco serio como atribuir todos los problemas internos al bloqueo. La pérdida de capacidad productiva, la falta de financiamiento, los problemas de infraestructura, la organización económica y las dificultades para generar encadenamientos productivos internos también forman parte del problema.
Cuba está intentando ampliar el espacio para la inversión privada, la actividad empresarial y la importación por actores no estatales. Pero si el país no desarrolla al mismo tiempo una estructura productiva y mayorista capaz de abastecer a esos actores, existe el riesgo de construir un sector privado cada vez más grande sin construir una economía nacional suficientemente productiva.
La regulación de precios en sustitución de los topes plantea una contradicción con las transformaciones económicas en marcha en el país. Si se pretende ampliar la participación de actores privados y descentralizar determinadas decisiones económicas, pero al mismo tiempo las administraciones territoriales conservan la capacidad de intervenir sobre los precios en determinados episodios de crisis, la previsibilidad de las reglas queda sometida a una tensión evidente.
Eso no significa que el Estado deba renunciar a intervenir. Debe hacerlo cuando existan prácticas abusivas, monopolios, colusión, acaparamiento o condiciones que perjudiquen deliberadamente al consumidor. Pero una cosa es combatir el abuso, como fue el caso, y otra intentar influir con “topes” en el funcionamiento de una cadena de suministro que no existe.
El problema del aceite no comenzó cuando desapareció el tope de 990 pesos. El precio simplemente hizo visible una contradicción que ya estaba allí: una economía con producción industrial debilitada, dependencia de importaciones, restricciones de divisas y combustible, y una población cuya capacidad adquisitiva no puede seguir el costo de reposición de las mercancías. La regulación puede contener temporalmente el precio que aparece en la etiqueta, pero no puede crear mágicamente el aceite que falta.
Cuba comienza a andar, aunque con enormes contradicciones, por un terreno donde las formas combinadas de organización económica y los mecanismos de mercado adquieren un peso mayor. No deberíamos tenerle miedo al mercado como tampoco adorarlo. Debe ser una herramienta. Y como cualquier herramienta, importa quién la utiliza, para qué y bajo qué instrucciones.
(Tomado de Periódico Venceremos)
