De orden ejecutiva a genocidio: Un castigo que dura 67 años
Ni siquiera el propio John F. Kennedy hubiese imaginado que en apenas un año, el bloqueo económico, comercial y financiero impuesto a Cuba, le provocaría a la isla perjuicios ascendentes a los ocho mil 83 millones 300 mil dólares.
Desde aquella orden ejecutiva número 3447, firmada el 3 febrero de 1962, los Estados Unidos no han cejado en el empeño de diseñar y aplicar medidas restrictivas para afectar los sectores estratégicos de la economía y con ello destruir la Revolución Cubana.
El cierre al mercado norteamericano, del cual la nación antillana dependía en un 80 por ciento antes de 1959, llevó a la reubicación del comercio hacia geografías distantes con el consiguiente aumento de logística y costes de importación que ello genera.
Pero a ese desafío asumido por Cuba, el Imperio sumó décadas más tarde la coacción y las sanciones a terceros interesados en comerciar con el Verde Caimán. Reflejo de esa increíble extraterritorialidad mercantil, nacieron en los años 90 del siglo XX la Torricelli y la Helms-Burton, leyes que con la inclusión de la isla en la lista de países patrocinadores del terrorismo, refuerzan el debilitamiento de la economía cubana.
Pero la evolución del bloqueo económico-comercial y financiero, el más prolongado de la historia moderna, se acrecentó con la llegada de Donald Trump a la presidencia.
Medida tras medida, sanción tras sanción esta administración consolida un cerco que ya cobra matices de guerra al violar los derechos de un Estado soberano, de castigo colectivo, de genocidio silencioso al pueblo. Y de todo eso se vanagloria el inquilino de la Casa Blanca en cuanto escenario se presenta, incluido el reciente espectáculo en el plenario de la ONU.
Ahí volvió a repetir su superficial apelativo de «estado fallido» al referirse a la nación a la que le cierra todas las puertas, hasta las de las ayudas humanitarias. El caso de los cientos de contenedores con medicamentos y útiles sanitarios, alimentos y piezas de repuesto que aún permanecen retenidos en diversos puertos del Caribe, habla por sí solo.
Al privar a Cuba del suministro de combustible se derivan colosales problemas en toda la actividad socio-económica con el correspondiente deterioro de servicios esenciales como la salud pública, el abasto de agua potable, el transporte y la electricidad. A ello se unen la escasez de alimentos y de medios para su producción y comercialización.
Daños acumulados que ya exhiben números rojos. Al decir del canciller Bruno Rodríguez Parrilla son perjuicios que ascienden a 178 mil 700 millones 500 mil dólares a precios corrientes.
Datos que más allá de cifras, marcan la existencia de aquellos padres que sufren el deterioro físico del hijo que precisa un medicamento esencial para su vida, del paciente pendiente de un trasplante renal o urgido de sueros oncológicos, y hasta del galeno, precisado a ingeniárselas para practicar una operación sin los medios imprescindibles para el proceso.
Una acción que además de los riesgos para la salud, incrementa el período de recuperación, en una era en que la tecnología favorece la calidad de las intervenciones quirúrgicas.
Adversidades que también se observan en cualquier industria cubana pese a la voluntad innovadora de sus técnicos y trabajadores. En el sistema nacional de Educación y de Deportes, en las ciencias y las diversas manifestaciones de la Cultura; en la asistencia social y el comercio, sectores que igualmente son blanco de los efectos del bloqueo estadounidense
Daños contra los que se ha pronunciado una y otra vez (desde 1992), la asamblea General de las Naciones Unidas con el propósito de extirpar ese mal que perjudica al propio pueblo norteamericano.
Vale señalar que en dicha carrera, sólo los Estados Unidos, el gobierno que impone el bloqueo, y sus aliados de siempre o los que se pliegan ante sus presiones, votan a favor de tal política de castigo.
